Del 1º de enero al 29 de mayo del 2024, el Instituto Mexicano para la Justicia (IMJUS) fungió como sede de los encuentros realizados en el marco de los Diálogos por la Transformación, con la finalidad de analizar la situación vigente del medio ambiente, el agua y la biodiversidad. A lo largo de 120 días de trabajo, participaron más de 850 expertas y expertos de la República Mexicana representando a centros de investigación y organizaciones no gubernamentales (ONGs), y en otros casos como especialistas independientes.
Tras integrar el diagnóstico del sector ambiental, se desarrollaron un total de 475 propuestas específicas para atender los problemas identificados; de estas, 391 son sugerencias de política pública, 33 mejoras institucionales y 51 iniciativas para la agenda legislativa.
Si bien es imposible resumir todo el trabajo realizado en unos cuántos párrafos, intentaré presentar una síntesis de los temas mas apremiantes para fortalecer el sector ambiental nacional, destacando que el eje rector fue el de la justicia, es decir, cimentar las bases y potenciar las acciones para alcanzar la meta de una verdadera justicia socioambiental en México,
El diagnóstico final sugiere que el nuevo momento de la política ambiental debe de estar regido por la justicia ambiental, desde una perspectiva intergeneracional y de derechos humanos. El desarrollo de política pública en el marco de la justicia socioambiental hace que sea un asunto de ética, de ciencia y de vida.
Tras reconocer que, tanto la política ambiental como el marco legal, han sido insuficientes para que quienes contaminan asuman su responsabilidad por los impactos generados, hecho que además se agudiza por las desigualdades estructurales y se manifiesta en conflictos. Por ello recobra un sentido escencial el acceso a la información y a la justicia. El uso de dichos mecanismos sirven para prevenir conflictos, reducir costos, y garantizar la defensa de derechos ambientales, tanto individuales como colectivos.
Con base en lo anterior, el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales, cada vez cobra mas importancia. La vulnerabilidad de ciertos grupos ante los daños ambientales y los desastres naturales, lleva a que se exija de manera contundente el cumplimiento del Acuerdo de Escazú para garantizar el acceso a la justicia ambiental y climática, reduciendo inequidades y desigualdades históricas y manejando información de manera oportuna, transaprente y veraz.
Así mismo, se evidenció la urgente necesidad de exigir la transversalidad de la política ambiental, ello permitirá que la perspectiva ambiental permee en todas las políticas públicas, programas, proyectos y actividades de la administración pública federal. La transversalidad ambiental mejorará la coordinación interinstitucional entre sectores y fortalecerá, a la vez, la participación ciudadana.
Referente al marco jurídico, se recomienda impulsarla armonización de las leyes ambientales, actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y sus reglamentos para destacar que México si está comprometido en atender los problemas ambientales globales: el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, el combate a la desertificación y la crísis hídrica.
En lo relativo al territorio, se enfatizó la necesidad de evaluar y actualizar los Ordenamientos Ecológicos Territoriales (OET) en sus diferentes niveles -general, regional, local y marino-, integrando la participación social y alejándolos de intereses económicos y políticos, para lograr una correcta política ambiental a largo plazo.
No podemos dejar de lado que para responder a las exigencias de un sector ambiental robusto, es indispensable que los recursos presupuestarios sean proporcionales a las actividades diseñadas, a fin de cumplir con las responsabilidades del sector. Además de revisar los incentivos fiscales para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que apoyan la conservación.
Respecto a los instrumentos económicos -financieros, de mercado y fiscales-, se aboga por su correcta aplicación con mecanismos de transparencia para generar una economía verde con participación del sector privado. Se reconoce la necesidad de rediseñar operativamente los fondos públicos destinados a la conservación y el aprovechamiento sustentable, así como de estudiar y actualizar las tarifas de derechos, permisos y licencias, asegurando que los recursos recaudados se reinviertan oportunamente en el sector.
Otra herramienta a fortalecer es la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Se sugiere la revisión detallada de sus reglas de operación, garantizando transparencia en la información, acompañandola de la realización de las consultas públicas y el cumplimiento estricto del procedimiento legal, así como la implementación de mecanismos eficientes de monitoreo y vigilancia.
Concluímos que la crisis climática es el principal problema que enfrenta la humanidad, con impactos profundos en la sociedad, la biodiversidad y la economía en México. Por ello se reconoce la necesidad de impulsar acciones contundentes para atender sus causas y consecuencias, reconociendo el incremento de la temperatura global y la responsabilidad de México en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Se destaca el compromiso de México con su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) revisada, pero se subraya la importancia de aterrizar estos compromisos en acciones concretas y corresponsables. Promover acciones específicas de mitigación en sectores clave como energía y eficiencia energética, transporte, petróleo y gas, industria, residuos y agricultura/ganadería. También se enfatiza la necesidad de implementar estrategias de adaptación al cambio climático en todos los sectores, considerando soluciones basadas en la naturaleza y la restauración de ecosistemas como medidas prioritarias.