Uno de los temas más actuales y transversales a nivel global es, sin duda, el de la justicia ambiental. Este principio inspira la lucha de los movimientos ambientalistas comprometidos con la defensa de los derechos civiles, considerando el medio ambiente como un elemento clave de equidad y justicia social.
En pocos años, se multiplicaron los estudios e investigaciones que denunciaban cómo la distribución y localización territorial de actividades de alto riesgo ambiental, como los vertederos de residuos tóxicos, las plantas químicas o las industrias altamente contaminantes, reflejaban fenómenos de desigualdad socioeconómica y racismo. Estos estudios y otros posteriores destacaron la conexión entre la ubicación de instalaciones peligrosas y áreas históricamente caracterizadas por la presencia de grupos de alta vulnerabilidad.
Con cada vez más fuerza, se pone de relieve cómo la distribución de riesgos y daños ambientales se basa en la identificación de contextos territoriales débiles y marginados desde el punto de vista social, económico y político.
Con el inicio del nuevo siglo, la justicia ambiental se consolidó como un tema de interés global, integrándose en los programas y proyectos de organizaciones internacionales y nacionales dedicadas a la intervención y denuncia, especialmente en los países en desarrollo. En 2002 se celebró la primera Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, organizada por las Naciones Unidas en Johannesburgo, Sudáfrica, donde se retomó el vínculo entre el deterioro ambiental, la justicia social y la vulnerabilidad socioeconómica, ya emergido durante la Cumbre de 1992 en Río de Janeiro. Además de denunciar la injusticia social representada por la desigual exposición a riesgos y daños ambientales, se enfatizó la necesidad de defender los territorios de estas comunidades del empobrecimiento y la extracción de recursos, reconociendo su derecho a controlar el acceso y la distribución de estos.
El 22 de abril de 2021, en el Día Mundial de la Tierra, entró en vigor el Acuerdo de Escazú, cuyo objetivo es garantizar en América Latina y el Caribe el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. También busca fortalecer la cooperación y proteger el derecho de las generaciones presentes y futuras a un ambiente sano y al desarrollo sostenible.
América Latina es una de las regiones más peligrosas para los activistas ambientales, con una alarmante tasa de asesinatos. Entre 2012 y 2022, casi 2000 defensores fueron asesinados, y en 2022, casi el 90 % de estos crímenes ocurrieron en la región, según Global Witness. Estos datos refuerzan la urgencia del Acuerdo de Escazú para proteger a quienes defienden el medio ambiente.
Aunque algunos responsables han sido condenados, la impunidad y la corrupción siguen prevaleciendo, dejando a activistas en un estado de vulnerabilidad extrema. Además de los homicidios, enfrentan agresiones, amenazas y criminalización, lo que dificulta la justicia y protege a los autores intelectuales de estos crímenes, evidenciando la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección en la región.
Entre 2015 y 2019, 1,323 defensores fueron asesinados en 64 países, con América Latina como la región más afectada, registrando 933 homicidios. Colombia, Brasil, México y Honduras figuran entre los países más peligrosos, con aumentos significativos en los ataques, muchos vinculados a conflictos por tierras y recursos naturales.
Aunque México mostró una ligera disminución en 2022, la situación sigue siendo crítica, con defensores enfrentando amenazas, desplazamientos forzados y criminalización, lo que evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección.
La expansión del extractivismo en América Latina en las últimas dos décadas ha devastado ecosistemas y afectado a las comunidades locales, incrementando los conflictos socioambientales y la violencia contra defensores y pueblos indígenas. La protección de estos líderes y movimientos es crucial, no solo como un deber colectivo, sino también como un llamado a la sensibilización y participación ciudadana. Construir una democracia ambiental requiere involucrar a la sociedad en políticas de desarrollo sostenible y transformar la relación entre instituciones y ciudadanos para frenar la normalización de la violencia contra quienes defienden el medio ambiente.
Para presentar y enmarcar de manera más precisa el tema de la entrevista que se detalla en las páginas siguientes, es útil recordar que, en los últimos años, en América Latina, los grupos de criminalidad organizada han intensificado su presencia y participación en las actividades de tipo extractivo.
Su implicación en estas prácticas de explotación de los recursos naturales representa, por supuesto, una amenaza adicional para los activistas y defensores del medio ambiente, así como para las propias comunidades indígenas que habitan en los territorios en disputa.
Estas comunidades se encuentran así atrapadas entre los intereses económicos de las grandes multinacionales extranjeras, los intereses políticos de algunas facciones corruptas de los gobiernos y los intereses criminales del narcotráfico.
Extractivismo criminal y movimientos de resistencia indígena: el caso mexicano.
Entrevista a Thomas Aureliani, Universidad de Milán.
Thomas Aureliani, investigador de la Universidad de Milán y especialista en criminalidad organizada, medio ambiente y formas de movilización civil, retoma, en una de sus recientes publicaciones, el término de “extrativismo criminal”, explicando cómo en América Latina este tipo de práctica “también se alimenta gracias a la presencia territorial de formas violentas de criminalidad organizada, ya insertas de manera estable en las actividades extractivas legales e ilegales (deforestación y comercio ilegal de madera; robo de hidrocarburos; minas ilegales)” y señalando, además, cómo “el mismo tráfico de drogas puede considerarse una actividad extractiva, ya que a menudo se materializa mediante la expropiación forzada de tierras útiles para el cultivo de amapola para opio o de marihuana”.
Más adelante en el texto se podrá leer la entrevista realizada con Thomas Aureliani, quien, además, ha dedicado varios años a estudiar también el contexto mexicano, pasando algunos meses en Coahuila para realizar su investigación doctoral titulada “La movilización de los familiares de desaparecidos en México y la Guerra contra el Narcotráfico: El caso del colectivo FUUNDEC-M”. En la entrevista, se ha intentado reconstruir el contexto de conflictos sobre los recursos en México, profundizando por un lado en el papel de la criminalidad organizada y su vínculo con las empresas y las instituciones, y por otro, en las formas de movilización y resistencia llevadas a cabo por las poblaciones indígenas en el territorio.
¿Qué se entiende por modelo de desarrollo extractivista o neo-extractivista en América Latina y cuándo se instauró?
El modelo de desarrollo extractivista en América Latina tiene orígenes muy lejanos y sus raíces se encuentran en el colonialismo europeo, cuando las potencias del Viejo Continente comenzaron a explotar y extraer los innumerables recursos de la región. Sin embargo, este modelo—basado en la explotación excesiva, extensiva y violenta de bienes y recursos naturales y en su exportación en forma de materias primas no procesadas—se arraigó desde los años 80 del siglo XX hasta las primeras décadas del nuevo siglo durante el giro neoliberal1. Las dramáticas consecuencias en términos de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad estatal y la participación de actores armados irregulares me llevaron a retomar el término “extractivismo criminal” para referirme a este modelo de desarrollo extremadamente violento.
¿Qué condiciones han favorecido el desarrollo de la industria extractiva en México?
La principal condición ha sido el giro por parte de la élite gubernamental mexicana hacia el neoliberalismo, es decir, aquella estrategia de política económica orientada a promover un conjunto de reformas—comenzadas en los años 80 del siglo XX y continuadas en las décadas siguientes—que han privatizado varios sectores estratégicos (como el minero y el energético) y abierto el mercado a las inversiones privadas de grandes compañías nacionales, extranjeras y multinacionales.
¿Cuál es el papel de la criminalidad organizada en este escenario y en qué actividades extractivas está más presente?
Es relevante, especialmente en algunos sectores como el de las minas; el de la extracción y contrabando de hidrocarburos y el del comercio ilegal de madera. Aquí, la criminalidad organizada puede desempeñar un papel de colaboración con las empresas y el estado cuando garantiza cierto orden social en los territorios y sofoca la protesta o de conflicto cuando entra en competencia directa con las empresas legales.
¿Cómo ha influido la “Guerra contra el narcotráfico” iniciada por Felipe Calderón en 2006 en este contexto?
Según una corriente cada vez más influyente de estudiosos, con la que estoy de acuerdo, la denominada “Guerra contra el narcotráfico” mexicana—que ha provocado una aterradora ola de muertes y desplazamientos forzados—parece haber funcionado más como un “caballo de Troya” para justificar la implementación definitiva del modelo neoliberal extractivista, basado en el despojo y saqueo de la población civil mediante la creación de una especie de “estado de excepción” dominado por el terror. La violencia, de hecho, es funcional al despoblamiento de territorios que puede ser utilizado por la industria extractiva de cualquier tipo.
¿Qué relaciones existen en el sistema extractivista entre actores económicos, institucionales y criminales?
Es importante distinguir las relaciones a través de las cuales los grupos criminales interactúan con los actores económicos (las empresas operantes en el sector), destacando al mismo tiempo cómo esta relación también se modela en función de la actitud adoptada por los actores institucionales (las fuerzas de seguridad y los gobiernos locales y nacionales). Las relaciones pueden oscilar entre la colaboración y el conflicto. La colaboración se materializa cuando empresas y organizaciones criminales obtienen beneficios mutuos al aliarse, mientras que el conflicto surge cuando compiten con las empresas a través del ejercicio de la violencia.
¿Cómo participan concretamente los grupos criminales? ¿Cuáles son sus actividades específicas y qué “ganan” con ello?
Cuando hay colaboración, los grupos criminales participan mediante la gestión de determinadas cadenas productivas, blanqueando su dinero o desempeñando un papel de control sobre la población civil que quizás no acepta de buen grado la actividad extractiva en el territorio. Es posible que miembros de organizaciones criminales sean contratados por las empresas como guardias de seguridad con la función de sembrar violencia y terror entre la población civil para fomentar el despoblamiento y amenazar o eliminar líderes comunitarios o indígenas. Cuando entran en conflicto con las empresas extractivas, llevan a cabo extorsiones a los propietarios de tierras que alquilan terrenos a las minas; extorsionan a los trabajadores de las minas; cometen secuestros, desapariciones forzadas y asesinatos de empresarios y empleados de las empresas; instalan minas ilegales; roban y revenden minerales e hidrocarburos. Estas son solo algunas de las maneras en que los grupos criminales mexicanos se han transformado en actores económicos competitivos y rivales de los legales.
¿Existen casos específicos que ayuden a comprender mejor el problema? ¿Hay zonas o territorios en México que hayan experimentado más que otros un aumento de la violencia relacionada con el sector extractivo?
En varios contextos territoriales, este “extractivismo criminal” se ha manifestado de manera violenta y a plena luz del día. Ejemplos que ya se han convertido en modelos son los estados del México oriental como Veracruz y Tamaulipas, donde los carteles se han insertado en el sector de los hidrocarburos; o Michoacán en el sector de extracción de hierro; Coahuila en el carbón; Guanajuato en el robo de hidrocarburos; Guerrero en lo que respecta a las minas de oro. Y la lista podría continuar.
¿Qué tan peligroso es en México movilizarse y hacer activismo a nivel comunitario en temas relacionados con los derechos humanos, el medio ambiente y la explotación de los recursos naturales?
El desarrollo de la industria extractiva en sus diversas formas y la entrada en escena de organizaciones criminales han contribuido a que México sea uno de los países más peligrosos para los activistas que se movilizan en temas relacionados con los derechos humanos, el medio ambiente y la explotación descontrolada y criminal de los recursos. América Latina en general es la región más mortal para los ambientalistas. En el último informe de Global Witness, en Colombia fueron asesinados 60 activistas, en Brasil 34 y en México 31.
¿Qué papel desempeñan las comunidades indígenas en México en el desarrollo de formas de resistencia y movilización social para la justicia ambiental?
Desempeñan un papel fundamental porque son los primeros defensores de la tierra y del medio ambiente. El denominador común de las movilizaciones indígenas contra el extractivismo es la defensa del medio ambiente y la naturaleza, de los recursos y, por ende, del territorio y de su territorialidad. Su inclinación a concebir la naturaleza, el medio ambiente, el territorio y los recursos como elementos fuera de toda lógica comercial y mercantilista difiere netamente de la perspectiva de los gobiernos, las empresas y también de las organizaciones criminales, que en cambio privatizan y monetizan su esencia.
¿Qué formas asumen, en particular, las actividades de resistencia y movilización indígenas?
Las movilizaciones pueden ser civiles o armadas. En general, la primera forma se refiere a todo aquel conjunto de acciones colectivas que, de manera pacífica, contrarrestan el sistema extractivista mediante una variada gama de herramientas y estrategias legales, sociales, culturales, políticas y económicas. La segunda se refiere a todas aquellas acciones que implican una resistencia armada a la versión militar y agresiva del sistema extractivista representado por organizaciones criminales, paramilitares u otras formas de poder coercitivo que buscan arrebatar con el uso de la fuerza, los territorios a las poblaciones indígenas y/o imponer una gobernanza criminal.
¿Hay algún caso específico que pueda considerarse paradigmático para la resistencia indígena en México?
Muchos casos pueden ser citados como ejemplos de la resistencia indígena en México. El caso de Cherán2 es particularmente paradigmático porque muestra cómo la movilización armada reactiva frente a los fenómenos de despojo, violencia y corrupción política-institucional pronto dio paso a una transformación más amplia y radical de la sociedad local y de la forma de gobierno, de manera civil y pacífica. La reafirmación de la identidad indígena purépecha permitió a los ciudadanos de Cherán autogobernarse y construir instituciones y prácticas fuera del círculo de la política tradicional de los partidos, sacando dinámicas violentas, corruptas y clientelistas de la vida comunitaria. Esto ha tenido consecuencias visibles desde el punto de vista de la seguridad pública y la protección del medio ambiente y del tejido social.
En resumen, como hemos visto, el extractivismo de recursos naturales en México está profundamente entrelazado con problemas de seguridad y violencia extrema. La explotación de minerales, petróleo y otros recursos en territorios indígenas ha generado, de hecho, conflictos significativos, con las comunidades locales resistiendo la invasión y destrucción de sus tierras. Esta resistencia se enfrenta, todavía, a tácticas de intimidación y violencia perpetradas por grupos criminales organizados, que a menudo operan en complicidad con empresas multinacionales, las cuales recurren a estos grupos para asegurar el acceso a los recursos y proteger sus operaciones, así como con autoridades gubernamentales corruptas, que a menudo facilitan o ignoran estas prácticas. Este panorama revela que la explotación de recursos naturales y el vínculo entre crimen organizado y actores legales no solo tiene implicaciones económicas, sino que también perpetúa un ciclo de violencia, corrupción e impunidad que afecta profundamente a las comunidades indígenas, las cuales siguen sufriendo graves violaciones de sus derechos humanos. Para enfrentar estos desafíos de manera efectiva, será crucial adoptar un enfoque integral que combine la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos humanos y una regulación estricta del extractivismo, garantizando así justicia y respeto para las comunidades afectadas.
1 El “neoliberalismo” se refiere a una política económica que favorece un mercado sin regulación y sin intervención estatal, gobernado únicamente por las fuerzas del mercado, como la oferta y la demanda. Este enfoque se concretó con la elección de Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido en 1979 y con la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos en 1980. Ambos líderes implementaron políticas que favorecían el libre mercado, la desregulación, la privatización de empresas estatales y la reducción del gasto público. Estas medidas tuvieron un profundo impacto no solo en las economías y sociedades de sus respectivos países, sino también, en los años siguientes, a nivel global.
2 Cherán, un municipio ubicado en el estado de Michoacán, ha emergido como un notable ejemplo de autodefensa comunitaria frente a la violencia y el crimen organizado. En 2011, los residentes de Cherán tomaron una decisión radical debido al aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico y la tala ilegal de sus bosques, que estaban siendo devastados por grupos criminales. El deterioro de la seguridad y el desinterés de las autoridades locales impulsaron a la comunidad a organizarse y movilizarse para protegerse y preservar sus recursos naturales, creando sus propios comités de seguridad, que operan sin la intervención de las autoridades gubernamentales, y organizando patrullas para proteger su territorio del crimen organizado. Para más información, consulte: Pressly, Linda. (2016). “Cherán, el pueblo de México que expulsó a delincuentes, políticos y policías”. BBC. y Gasparello, Giovanna. (2018). Análisis del conflicto y de la violencia en Cherán, Michoacán. Relaciones. Estudios de historia y sociedad, 39(155), 77-112. https://doi.org/10.24901/rehs.v39i155.289