Del 1º de enero al 29 de mayo del 2024, el Instituto Mexicano para la Justicia (IMJUS) fungió como sede de los encuentros realizados en el marco de los Diálogos por la Transformación, con la finalidad de analizar la situación vigente del medio ambiente, el agua y la biodiversidad. A lo largo de 120 días de trabajo, participaron más de 850 expertas y expertos de la República Mexicana representando a centros de investigación y organizaciones no gubernamentales (ONG’s), y en otros casos como especialistas independientes.
Tras integrar el diagnóstico del sector ambiental, se desarrollaron un total de 475 propuestas específicas para atender los problemas identificados; de estas, 391 son sugerencias de política pública, 33 mejoras institucionales y 51 iniciativas para la agenda legislativa. Si bien es imposible resumir todo el trabajo realizado en unos cuantos párrafos, intentaré presentar una síntesis de los temas más apremiantes para fortalecer el sector ambiental nacional, destacando que el eje rector fue el de la justicia, es decir, cimentar las bases y potenciar las acciones para alcanzar la meta de una verdadera justicia socioambiental en México.
Para que quienes contaminan asuman su responsabilidad por los impactos generados, hecho que además se agudiza por las desigualdades estructurales y se manifiesta en conflictos. Por ello recobra un sentido esencial el acceso a la información y a la justicia. El uso de dichos mecanismos sirve para prevenir conflictos, reducir costos, y garantizar la defensa de derechos ambientales, tanto individuales como colectivos.
El diagnóstico final sugiere que el nuevo momento de la política ambiental debe de estar regido por la justicia ambiental, desde una perspectiva intergeneracional y de derechos humanos. El desarrollo de política pública en el marco de la justicia socioambiental, hace que sea un asunto de ética, de ciencia y de vida. Se reconoció que, tanto la política ambiental como el marco legal, han sido insuficientes.
Con base en lo anterior, el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales, cada vez cobra más importancia. La vulnerabilidad de ciertos grupos ante los daños ambientales y los desastres naturales, lleva a que se exija de manera contundente el cumplimiento del Acuerdo de Escazú para garantizar el acceso a la justicia ambiental y climática, reduciendo inequidades, desigualdades históricas y manejando información de manera oportuna, transparente y veraz.
Asimismo, se evidenció la urgente necesidad de exigir la transversalidad de la política ambiental, ello permitirá que la perspectiva ambiental permeé en todas las políticas públicas, programas, proyectos y actividades de la administración pública federal. La transversalidad ambiental mejorará la coordinación interinstitucional entre sectores y fortalecerá, a la vez, la participación ciudadana.
Referente al marco jurídico, se recomienda impulsar la armonización de las leyes ambientales, actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y sus reglamentos para destacar que México sí está comprometido en atender los problemas ambientales globales: el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, el combate a la desertificación y la crisis hídrica.
En lo relativo al territorio, se enfatizó la necesidad de evaluar y actualizar los Ordenamientos Ecológicos Territoriales (OET) en sus diferentes niveles -general, regional, local y marino-, integrando la participación social y alejándolos de intereses económicos y políticos, para lograr una correcta política ambiental a largo plazo.
No podemos dejar de lado que para responder a las exigencias de un sector ambiental robusto, es indispensable que los recursos presupuestarios sean proporcionales a las actividades diseñadas, a fin de cumplir con las responsabilidades del sector. Además de revisar los incentivos fiscales para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que apoyan la conservación.
Respecto a los instrumentos económicos -financieros, de mercado y fiscales-, se aboga por su correcta aplicación con mecanismos de transparencia para generar una economía verde con participación del sector privado. Se reconoce la necesidad de rediseñar operativamente los fondos públicos destinados a la conservación y el aprovechamiento sustentable, así como de estudiar y actualizar las tarifas de derechos, permisos y licencias, asegurando que los recursos recaudados se reinviertan oportunamente en el sector.
Otra herramienta a fortalecer es la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Se sugiere la revisión detallada de sus reglas de operación, garantizando transparencia en la información, acompañándola de la realización de consultas públicas y el cumplimiento estricto del procedimiento legal, así como la implementación de mecanismos eficientes de monitoreo y vigilancia.
Concluímos que la crisis climática es el principal problema que enfrenta la humanidad, con impactos profundos en la sociedad, la biodiversidad y la economía en México. Por ello se reconoce la necesidad de impulsar acciones contundentes para atender sus causas y consecuencias, reconociendo el incremento de la temperatura global y la responsabilidad de México en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Se destaca el compromiso de México con su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) revisada, pero se subraya la importancia de aterrizar estos compromisos en acciones concretas y corresponsables.
Promover acciones específicas de mitigación en sectores clave como energía y eficiencia energética, transporte, petróleo y gas, industria, residuos y agricultura/ganadería. También se enfatiza la necesidad de implementar estrategias de adaptación al cambio climático en todos los sectores, considerando soluciones con base en la naturaleza y la restauración de ecosistemas como medidas prioritarias.
El documento integral resalta la importancia de diseñar estrategias para garantizar ecosistemas sanos como base para enfrentar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desertificación. Se relaciona con la necesidad de fortalecer la conservación en Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Áreas Marinas Protegidas (AMP) que además de actualizar sus planes de manejo debe de involucrar, cada vez más, a las comunidades.
A fin de cumplir con nuestros compromisos internacionales del Acuerdo Kunming-Montreal, en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, se propone innovar esquemas de conservación en áreas sin protección formal y restaurar el 30% de los ecosistemas degradados. Se aboga por la integración de la biodiversidad en las políticas de desarrollo urbano y el fortalecimiento de las instituciones de inspección y vigilancia. Y señala la urgencia de una estrategia agresiva contra las especies invasoras y de analizar el impacto potencial de los organismos genéticamente modificados.
La creciente demanda de agua y el rápido agotamiento de las reservas, exacerbados por el cambio climático, son reconocidos como muestra de una crisis hídrica apremiante. Para contrarrestarlo, se proponen acciones estratégicas que incluyen impulsar sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia, tecnificar el sector agrícola para un uso más eficiente del agua, potenciar el tratamiento y reúiso de aguas residuales, y conservar las zonas boscosas como fuentes de agua. Se enfatiza la necesidad de reflexionar sobre el desarrollo urbano y económico en zonas con estrés hídrico y de revisar el sistema de concesiones de agua.
El documento denuncia la ausencia de una estrategia de conservación para los mares y costas de México. Se recomienda fortalecer las Áreas Marinas Protegidas (AMP), priorizar a los pescadores ribereños, atender amenazas como el turismo y la minería submarina, y se subraya la necesidad de que México retome el liderazgo internacional en este tema, adhiriéndose a acuerdos y foros relevantes, y de reorientar recursos financieros hacia la conservación marina efectiva.
Se impulsa abandonar el crecimiento lineal y transicionar hacia un modelo de economía circular para reducir la generación de residuos y la presión sobre los recursos naturales. La circularidad puede contribuir significativamente a la reducción de emisiones y a la creación de empleos, sin embargo falta una ley general y una política transversal de economía circular en México y el diseño de incentivos para impulsar a una política de economía circular.
Un hecho que llamó la atención, es que el tema de la vida silvestre haya perdido interés, a pesar de su potencial para apoyar a muchas comunidades. Se aboga por consolidar un esquema de aprovechamiento y conservación, potencializando la comercialización legal. Lo anterior acompañado de acciones como la actualización de la legislación, el desarrollo de un Sistema de Vida Silvestre para el monitoreo y trazabilidad de especies, una mejor coordinación interinstitucional, frenar el tráfico ilegal de especies, la revisión de licencias de cacería y el fortalecimiento de la presencia de México en convenciones internacionales. Se destaca que el tráfico ilegal de especies se ha convertido en un delito de alto impacto, por lo que es urgente atenderlo en términos de justicia ambiental.
Se reconoce que las ANP son instrumentos clave para el ordenamiento ecológico, pero señala que existen decretos en sitios previamente impactados o invadidos, lo que dificulta el cumplimiento de sus objetivos. Es urgente hacer los planes de manejo en aquellas ANP’s que no cuentan con los mismos y fortalecer la coordinación interinstitucional entre la CONANP y la Dirección General de Vida Silvestre. Y sin duda con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para que la deforestación siga siendo determinante.
Finalmente, el documento plantea la necesidad de un modelo de desarrollo económico más inclusivo, dinámico y verde, que permita crecer y reducir la huella ambiental simultáneamente. Se sugiere transformar la estructura productiva hacia sectores menos intensivos en su huella ambiental, como el turismo de bajo impacto y las energías renovables. Se destaca que la transición hacia estos sectores requiere de políticas regulatorias, fiscales y financieras coherentes, que incentiven la inversión en actividades sostenibles y reduzcan el apoyo a sectores con alta huella ambiental y baja generación de empleo.
En conclusión, el documento “FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AMBIENTAL” ofrece un análisis exhaustivo de los retos y oportunidades para la política ambiental en México. Su principal énfasis radica en la urgencia de una acción gubernamental decidida y coordinada, basada en la transversalidad ambiental, el fortalecimiento institucional, la aplicación efectiva de instrumentos de política, la promoción de la justicia ambiental y la transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible y resiliente ante la crisis climática. La implementación de estas recomendaciones se presenta como fundamental para garantizar un futuro ambientalmente sano y equitativo para las generaciones presentes y futuras en México.
Nosotros en el IMJUS, tras haber fungido como coorganizadores y secretariado técnico de cada uno de los encuentros, hemos decidido, en un acto de congruencia con lo escuchado, recibido, discutido, analizado y priorizado, que seremos un observatorio permanente del cumplimiento de los acuerdos para efectivamente fortalecer el sector ambiental de nuestro país. Por trillado que se escuche, ya no tenemos tiempo para seguir postergando la urgente necesidad de fortalecer nuestra política ambiental nacional. La agenda gris, la agenda verde y la agenda azul son igual de importantes y es fundamental impulsar el desarrollo nacional en el marco de la política ambiental, de lo contrario no garantizaremos que las generaciones futuras de nuestro país puedan satisfacer su derecho humano a un medio ambiente sano.